La fe cristiana nos mueve a contribuir, junto a muchas personas e instituciones, a la construcción de la sociedad. Nadie sobra. Todos deben tener la oportunidad de manifestar y explicar lo que viven, piensan y proponen. También de discrepar de lo convencionalmente establecido, que varía según los tiempos y circunstancias. Aceptar la libertad de expresión para todas y cada una de las personas e instituciones que integran el tejido social es condición necesaria para una verdadera práctica democrática.

Por eso resulta difícil de entender que agrupaciones políticas que proclaman la pluralidad, el respeto al diferente, la libertad de pensamiento y de expresión y la no discriminación, sean tan contrarias a la libertad de la Iglesia, hasta el punto de manifestar un rechazo explícito a la persona de nuestro Obispo, Don Juan-Antonio Reig Pla, calificándole de "lacra que habita en la ciudad", acusándole de homófobo, pidiendo su remoción y considerándole persona "non grata" al tomar la decisión de no invitarlo a ningún acto oficial organizado por el Consistorio. Así ha sucedido en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, por iniciativa y con los votos de los grupos municipales de UPyD, PSOE e IU. A sus representantes les falta, ciertamente, una visión serena y equilibrada del pluralismo y la laicidad de las instituciones.

Don Juan Antonio Reig ha expresado públicamente los contenidos de la fe y la moral católicas, lo que constituye la razón de ser de su ministerio. Y lo ha hecho con argumentos de razón y de experiencia, sin faltar en ningún momento el respeto debido a las personas.

Lo que está en juego es la libertad que, según nuestro insigne paisano Miguel de Cervantes Saavedra, “es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”.

Y la libertad religiosa, según el Papa Benedicto XVI es “camino fundamental para la construcción de la paz”, la cual “se construye y se conserva sólo cuando el hombre puede buscar y servir a Dios libremente en su corazón, en su vida y en sus relaciones con los demás”. Los grupos e instituciones políticas, al no ser los portadores de la moralidad, del sentido de la vida, de su origen y finalidad, no pueden restringir el ámbito de expresión de la libertad religiosa de las personas. Su misión se ha de limitar, más que nunca en estos tiempos de crisis económica, a encontrar repuestas a las dificultades de los ciudadanos.

La decisión de esos grupos políticos municipales constituye un acto contrario a la libertad de las personas y una ingerencia inaceptable en un régimen sanamente laico. En la persona de D. Juan Antonio se ve representado el pueblo cristiano de Alcalá, que ve amenazada así su libertad por parte precisamente de quienes habrían de ser sus garantes. Un pueblo cristiano que, en todo caso, no desearía otro trato diferente al que se le dispense a su Pastor. Como un hijo no desea ser tratado mejor que su padre.